Gracias AYSA por dejarnos sin agua

El día que inventaron AYSA estaba en el Congreso. Fue en una reunión de varias comisiones adonde fueron algunos Intendentes del conurbano como Gustavo Posse y el fallecido de Tigre y el titular del sindicato y empresario de la privatizada y ahora de la flamante companía, Lingeri a hablar sobre las bondades de la nueva empresa. La reunión era para que saliera un despacho urgente y que se vote en el Recinto rápido. Nuestro lugar era, una vez más, complicado: sabíamos que a Aguas Argentinas había que rescindirle el contrato urgente pero con todas las condiciones jurídicas adecuadas para evitar futuros juicios contra el país, pero también eramos conscientes que darle a Lingeri (y a Julio De vido) el control absoluto del servicio de agua era igual que haberle dado el manejo del país a Menem.

Muy bien, hace tres días que me acuerdo perfecto de esa reunión en el anexo de Diputados. Hace tres días que estoy sin agua con temperaturas que jamás bajaron de los 32 grados.

A raíz del nacimiento de la empresa AYSA como sociedad anónima y no como empresa estatizada, a pesar que así fue comunicada a la opinión pública, por esos días trabajamos en este texto que publicamos el 28 de marzo de 2006, que entre otras cosas decía:

El viejo esquema del menemismo era la entrega de negocios rentables a
empresas extranjeras que junto con socios nacionales se beneficiaban con la
paridad cambiaria establecida en la convertibilidad, diez años después es
necesario advertir que la confusión del Presidente entre lo privado y lo
público –como los viejos señores feudales- está basada en la creencia que el
Estado puede ser él.

El objetivo final de este trabajo es afirmar que hay una nueva matriz de
privatización en la Argentina bajo una apariencia reestatizante.
Con el manto de una vuelta hacia un Estado Benefactor, lo único concreto que
se palpa es que toda la normativa desarrollada por el Gobierno del Presidente
Kirchner desde su asunción es una privatización al interior de los negocios de
una facción política del poder.

Así como en los noventa se privatizaba y se abría a licitación pública
internacional en beneficio de empresas extranjeras con capitalización de
deuda, hoy se desestatiza creando sociedades anónimas sujetas al derecho
privado, sin control estatal de ninguna especie, con un mínimo de capital por
parte del Estado y el resto cedido en acciones a los grupos económicos que
pacten una sociedad con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Y lo que
es más escandaloso aún: estas sociedades dispondrán de patrimonio público
en beneficio privado.

El Estado ha decidido abandonar tomar a su cargo la prestación de los
servicios bajo formas que permitieran control y revisión pública. En
cambio, elige formas que lo alejen todo lo posible de ello. Una sociedad
anónima bajo el control de un Ministerio con plenos poderes para
establecer derechos y obligaciones.

Ni siquiera la ley de Reforma del Estado, conocida como Ley Dromi (nº
23.696) se atrevió a tanto. En su artículo 18, cuando hablaba de la modalidad
de selección de los prestatarios privados de los servicios establecía algunas
formas mínimas de comparación de precios y análisis de antecedentes de los
oferentes.

Esos contratos de concesión y las privatizaciones tuvieron formas legales que
hoy están siendo ejecutadas. Las formas societarias que ahora nos presenta el
mismo bloque oficialista que antes nos ofreció esa ley, estarán sujetas al
derecho privado y no al derecho público obviando todas las responsabilidades
y controles que este permite.

Es legítimo poner en duda varias cuestiones:

No hay fundamento razonable y razonado por el cual se haya elegido la
creación de figuras jurídicas de dudosa naturaleza. No se han dado
explicaciones de ningún tipo, por las cuales el Estado no reasumió las
prestaciones de los servicios, para luego mediante un proceso transparente y
sujeto al control público, seleccionar a un nuevo prestador.
Frente a este panorama es necesario dejar algunos interrogantes que puedan
ayudarnos a reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro
país:

¿Cuál es el inconveniente de mostrar al público que se ha elegido al mejor
socio para la explotación del servicio?

¿Qué reparo ofrece tener el debido cuidado respecto a los antecedentes de los
empleados de esas empresas?

¿Cuál es el contrato que rige entre el Estado y estas nuevas sociedades
anónimas?

¿Funcionarios de dudosa honorabilidad se hacen cargo de un negocio que ya no
le es rentable a los grupos empresarios que explotaron los servicios públicos
desde su privatización?

¿Estos funcionarios lo hacen en tanto su rol de funcionarios, o estamos frente
al nacimiento de una nueva clase empresaria argentina surgida desde los
despachos del Poder?

¿Este es, también, el modelo al que se va en materia de gas y petróleo con
Repsol YPF?

En definitiva, es evidente que estamos ante la presencia de una matriz que
bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas
y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un Ministro,
administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos
grupos económicos. Es un sistema patrimonialista y corrupto, hacia el
interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos.
Buenos

Por suerte, al menos, la banda de Lingeri hoy pidió "disculpas".